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La Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional que reglamente y promueva la ley que reconoció la obesidad como un asunto prioritario para la salud pública, junto con medidas de cuidado a la salud.
El llamado fue hecho por el tribunal luego de estudiar el caso de una mujer a quien Nueva EPS le negó la realización una valoración multidisciplinaria que determinara si ella era apta para la práctica de esa cirugía.
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La mujer consideró que esa respuesta representaba una violación a los derechos a la salud, la vida digna y el mínimo vital, por lo que entuteló a la entidad de salud, pero en primera y segunda instancia perdió la batalla judicial.
Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que la EPS pasó por alto que la enfermedad de obesidad le ha generado afectaciones físicas y psicológicas, lo cual además, se traduce en una limitación para vivir en plenitud, por lo que falló en favor de la demandante.
"La OMS estableció que el sobrepeso y la obesidad comportan un factor de riesgo para desarrollar otras condiciones de salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoartritis y algunos cánceres. Tiene síntomas de impacto psicológico (…) ante inconformidad con su aspecto físico”, cita la sentencia.
Ese tribunal llamó la atención al Gobierno Nacional, respecto del deber que tiene de reglamentar y promover políticas públicas sobre alimentación saludable, actividad física y educación de los riesgos asociados a los malos hábitos de consumo.
La sentencia señala que la obesidad es un tema que afecta a los adultos y también a los niños, niñas y adolescentes y, si bien se han implementado medidas para prevenir la obesidad, "aquellas no han sido suficientes y ahora el padecimiento de la enfermedad permeó a la población en conjunto".
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En el caso concreto, la Corte revocó las decisiones de instancia y le ordenó a la Nueva EPS realizar una valoración médica por un grupo multidisciplinario que determine la viabilidad de una cirugía bariátrica para la demandante.
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