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Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Rios, la Corte Constitucional falló la tutela que presentó el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre, en contra de las resoluciones que expidió el año pasado la Supersalud y que ordenaban la liquidación de la EPS Manexka.
Para el alto tribunal, la Superintendencia tiene competencias para ordenar este tipo de liquidaciones, mientras ordenó realizar consultas previas a las comunidades indígenas para que participen en esas decisiones.
“Concertación con la comunidad, diálogo que recaerá en torno a la selección de la EPS a la que desearían ser transferidos los usuarios indígenas o si quisieran permanecer en de las EPS receptoras”, precisó la Corte.
La Corte respaldó que la Superintendencia Nacional de Salud hubiese trasladado de manera provisional, a los pacientes indígenas de la EPS a otras empresas promotoras de salud ante el trámite de intervención forzosa y liquidación de aquella compañía, sin que previamente se hubiese efectuado un diálogo con la comunidad Zenú.
“Es una medida que garantizaba la continuidad del servicio de salud de los usuarios y evitar consecuencias catastróficas en dicho servicio para los indígenas. Sin embargo, ello no exoneraba la obligación de realizar una consulta posterior a esa remisión transitoria”, señala uno de los apartes de la decisión judicial.
