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Para la Corte Constitucional, no existe ninguna irregularidad para que la Procuraduría realice este tipo de acciones a sus funcionarios para detectar alguna falta que atente contra la moralidad pública.
El caso en particular está relacionado con las interceptaciones telefónicas que hizo el entonces procurador Edgardo Maya Villazón a la esposa del congresista Miguel Ángel Durán Galvis y que derivó en su destitución e inhabilidad por cometer irregularidades desde el organismo de control.
En el proceso, Villazón había interceptado las llamadas de por lo menos 25 funcionarios para determinar las presuntas irregularidades que se estaban presentando con la esposa del congresista, quien en su momento se aprovechó de su cargo para favorecer a un abogado a servicio del representante a la Cámara.
La tutela había sido radicada con el objetivo de tumbar las acciones que había hecho Villazón para este fin, y que sirvió como sustento para su destitución y para su proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de falsedad ideológica en documento público.
