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La sala plena de la Corte Constitucional acogió la ponencia del magistrado Alejandro Linares sobre la ley estatutaria aprobada en el Congreso y le dio vía libre al estatuto de la oposición política.
Sin embargo, tumbó el artículo que creaba una Procuraduría delegada para la protección de los derechos políticos de las minorías.
En total son nueve derechos a favor de los partidos en oposición del Gobierno de turno; por ejemplo los movimientos y partidos de oposición podrán recibir dinero, tendrán acceso mínimo a medios de comunicación y mayor seguridad para sus integrantes.
El estatuto contempla que estos partidos tendrán el 5% de financiación adicional para el ejercicio de la oposición por parte de las autoridades electorales.
En su concepto, el Ministerio Publico señaló que el estatuto garantizará la seguridad para quienes se declaren en oposición al Gobierno de turno y deseen crear un partido político.
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