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La Corte Constitucional admitió para estudio la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia en la que pide tumbar la Reforma Pensional por supuestos vicios de trámite durante la discusión del proyecto en el Congreso.
El tribunal estudia los argumentos de Valencia en los que señala que hay vicios en la formación de la ley debido a que, en la discusión de la proposición para aprobar en la Cámara el texto del Senado, ni la ponente ni la ministra de Trabajo, explicaron en contenido de la iniciativa.
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“La actora señala que el vicio en el proceso de formación de la ley demandada se presenta porque, entre el momento en que se leyó la proposición y el momento en que se votó, solo trascurrió una hora. Y, durante ese lapso, “(…) en ningún momento la coordinadora ponente del proyecto, explicaron a la Plenaria el contenido del texto”, dice el documento.
Además, la senadora alega que el texto otorga al DANE competencias para que establezca los requisitos pensiónales a varios grupos poblacionales que, según la congresista, corresponde a 20 millones de personas y, para Valencia, esa decisión es inconstitucional.
“Lo que está haciendo es otorgándole al DANE ‘la potestad de determinar discrecionalmente los requisitos de semanas y edad de 6 grupos poblacionales que corresponden, aproximadamente, a 20 millones de personas de acuerdo al censo realizado por la entidad en 2018’. Este trato especial, señala, está prohibido por la Constitución”, afirma el documento.
Para la congresista, la reforma ampliaría la base de jubilados de clase media que deberían asumir la carga tributaria, lo que estaría modificando artículos de la Constitución, por lo que solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma que fue aprobada por el Congreso.
“Amplía considerablemente la base de jubilados de clase media que estarían obligados a asumir esa carga tributaria, lo que contraría manifiestamente el artículo 48 de la Constitución y el mandato constitucional de protección al subsistema general de pensiones”, cita el documento de admisión.
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Los magistrados deberán estudiar los argumentos de Valencia a la espera de que se pronuncien gremios de pensiones, el Gobierno y la Procuraduría, para tomar una decisión definitiva.
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