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Este medio pudo establecer que, tras casi 20 días del anuncio de la Contraloría General de la Nación, sobre presuntas irregularidades con la entrega de raciones alimenticias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aún no ha recibido el informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría, que daría cuenta de por lo menos 69 irregularidades.
A través de un documento al que se tuvo acceso, Bienestar Familiar pidió la remisión o envío oficial del informe, reportes, alertas o conclusiones generales y pide a la Contraloría que se cree una mesa de trabajo técnica en la cual, el equipo de la Diari pueda compartir con el equipo técnico del ICBF los aspectos específicos del informe.
"Obtener esta información se considera relevante para el propósito de establecer los hechos puntuales, identificar las causas de los mismos y proceder con la toma de decisiones y acciones correspondientes, en el marco de las competencias legales", se lee en el documento dirigido a María Fernanda Rangel, de la Diari.
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Por su parte la Contraloría, a dicha solicitud, respondió que tras las alertas, "se declaró de impacto nacional los hechos relacionados con entregas de raciones de alimentos, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ordenó a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción conocer y tramitar las actuaciones relacionadas con estos hechos".
Sin embargo, las preguntas que surgen son: ¿Por qué la Contraloría no envió al ICBF el informe de la Diari con las alertas sobre las entregas de canastas nutricionales? y ¿Por qué la Contraloría no ha accedido a conformar una mesa técnica con el ICBF?
Este medio pudo establecer que, en efecto, a la fecha el ICBF no ha recibido respuesta, por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra La Corrupción, sobrela solicitud de la conformación de la mesa técnica para revisión del ejercicio que realizó la Diari.
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En una anterior oportunidad, Lina Arbeláez, directora del ICBF, manifestó que conoció de dichas alertas a través de los medios de comunicación y que sólo obtuvo un comunicado de la Contraloría, el cual fue publicado el 30 de noviembre pero que se abría emitido el 29 del mismo mes.
El 1 de diciembre, Arbeláez ordenó abrir una investigación preliminar a los operadores de los 38 municipios, en 14 departamentos, alertados por la Contraloría General sobre presuntos casos de corrupción en la entrega de raciones.
Y el 2 de diciembre, ante la Fiscalía, interpuso una denuncia que parte del resultado de las primeras investigaciones que se adelantaron desde el ICBF.
En ella se habla de la entrega de canastas alimentarias a 36 niñas/niños reportados como fallecidos después de haber sido emitida su acta de defunción. Hecho que fue corroborado por la Registraduría Nacional.
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