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La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en cuantía de $50.914 millones de pesos contra dos exfuncionarias del Ministerio de Salud y Protección Social y 15 EPS, por el detrimento patrimonial que causó a las arcas del Fondo de Solidaridad y Garantías – FOSYGA el levantamiento de glosas de recobros sin cumplir los debidos requisitos, caso que en su momento se conoció como el “carrusel de la salud”.
Las glosas habían sido realizadas por el Consorcio FIDUFOSYGA-2005 a diferentes EPS, por el pago de medicamentos no POS y fallos de tutela, y fueron levantadas por un grupo interno de trabajo del entonces llamado Ministerio de la Protección Social, sin llenar los requisitos establecidos en la normatividad vigente durante los años 2006 a 2010, para hacer procedentes los pagos.
El grupo mencionado, que realizó mesas de trabajo sobre el tema en la Dirección General de Financiamiento del Ministerio, fue creado para auditar y liquidar 21.188 solicitudes de recobro por concepto de medicamentos no POS y fallos de tutela, no incluidos en el Adicional No. 3 al Contrato de Encargo Fiduciario No. 255 de 2000.
Sin embargo, consideró la Contraloría, este grupo se extralimitó al auditar y levantar las glosas impuestas por el nuevo encargo fiduciario FIDUFOSYGA 2005.
Se estableció que una de las exfuncionarias del Ministerio, que fungía como coordinadora del grupo interno que realizaba los levantamientos y tenía un amplio poder decisorio sobre los miles de millones de pesos reclamados, recibía comisiones de un grupo de contratistas y excontratistas que constituyeron empresas para prestar asesoría a diferentes EPS.
