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La Contraloría General declaró de "impacto nacional" las recientes irregularidades detectadas con las raciones que entregó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a los menores de 0 a 5 años de edad en medio de la pandemia.
La medida la adoptó el organismo de control fiscal debido a la trascendencia de los hechos detectados y por el monto de los hechos irregulares, cuyo detrimento patrimonial superaría los dos mil millones de pesos.
Esta decisión permite que la investigación sea asumida por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría que verificará las 69 alertas emitidas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), para iniciar una investigación preliminar.
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La investigación busca determinar si las pruebas recaudadas realmente ameritan para abrir un proceso de responsabilidad fiscal para que los implicados o responsables de los hechos asuman las sanciones económicas.
El desarrollo del proceso tomará algunos meses por lo que los primeros resultados se estarían conociendo hasta el próximo año.
Recientemente el organismo detectó irregularidades en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del ICBF a supuestos beneficiarios durante la pandemia del Covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.
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Se detectaron 28 mil raciones entregadas a más de 15 mil beneficiarios con documento de identidad que, al ser cruzado con la Registraduría Nacional, indica que están fallecidos.
Además, en varios departamentos, tutores de menores que recibieron raciones tienen múltiples beneficiarios, este el caso de una mujer que aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en el departamento del Cesar.
