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La Contraloría General de la República decidió archivar el proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al establecer que no hubo sobrecostos relacionados con los contratos que tenían por objeto el suministro de alimentos para la población escolar, en medio de la pandemia por la propagación de la COVID-19.
El contrato analizado por ese organismo de control asciende a los siete mil millones de pesos y fue pactado con la corporación Colombia Avanza.
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Cabe mencionar que inicialmente la Contraloría había encontrado indicios de presuntos sobrecostos en dicho contrato por 942 mil millones de pesos. Sin embargo, se concluyó que no hubo un detrimento patrimonial.
"No es posible acreditar con grado de certeza una afectación al patrimonio público, pues en el primer caso, los escasos rangos de desviación de precios no son lo suficientemente significativos como para concluir que se hayan pactado precios que desborden los del mercado", explica uno de los apartes del auto expedido por la Contraloría.
Para esa entidad, los precios de los alimentos adquiridos concuerdan con las variaciones de los costos que se dieron durante dicha época, "con un importante impacto causado por las medidas de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio”.
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En el contrato se acordó la compra y entrega de 220.578 paquetes alimentarios, cada uno con un costo de 32.500 pesos, incluida la logística y el transporte de entrega.
Cada paquete alimentario estaba conformado por Lenteja, frijol, leche, pasta alimenticia, arroz, galletas y bebida chocolatada.
La Contraloría también archivó el proceso que adelantaba contra la secretaria de educación, Martha Alexandra Agudelo Ruíz y Marta Patricia Ariza Velasco, asesora jurídica del despacho del alcalde, por esos mismos hechos.
