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Lo que trascendió por parte del alto tribunal es que el Representante se aprovechó de su condición para ejercer presión en diferentes entidades del Estado, con el objetivo de que le aceptaran personas recomendadas para ocupar algunos cargos.
Dentro de la demanda de pérdida de investidura se advirtió que el congresista cobraba, además fuertes sumas de dinero a personas a cambio de ponerlos en cargos públicos en entidades a nivel regional.
El Consejo de Estado analizó los argumentos y pruebas allegadas al proceso y determinó la responsabilidad del congresista en estos hechos, por lo que determinó decretar su muerte política, decisión que podrá ser apelada ante el proprio tribunal.
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