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De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, los hechos que motivaron esta actuación tuvieron su origen en la decisión de dicho Tribunal Administrativo de declarar el abandono injustificado del cargo de una escribiente que trabajaba en esa corporación, en octubre de 2001.
En este sentido la trabajadora interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la determinación del Tribunal, y se demostró la irregularidad y en su momento condenó a la rama Judicial al pago de los salarios y prestaciones que había dejado de percibir la mujer.
Estudiado el caso por el Consejo de Estado, se evidenció que los entonces jueces del Tribunal Administrativo no tuvieron en cuenta los motivos de la mujer que la obligaron a ausentarse del trabajo y por lo tanto se configuró en una decisión que no estaba acorde con la ley.
