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La sección tercera del Consejo de Estado determinó que cuando existan afectaciones a los inmuebles de los ciudadanos provocados por atentados terroristas atribuidos a un grupo armado ilegal, la Nación deberá responder por los daños dentro de la reparación especial.
El alto tribunal consideró que si bien estos hechos pueden ser causados por grupos armados ilegales, la responsabilidad recae en la Nación pues son las autoridades las que deben mantener el orden público de la población civil.
El caso analizado por el Consejo de Estado está relacionado con una demanda de reparación que instauró una familia del municipio de Subia, Cundinamarca, que resultó afectada por una carga explosiva que fue dejada por parte de las Farc alrededor de la estación de Policía de esa localidad.
Producto de este ataque registrado en octubre de 2010, resultaron afectadas viviendas, entre ellas la de una familia que tenía un establecimiento comercial y que además de averiar su casa, dejó de percibir ingresos económicos.
"Se encuentra probada la responsabilidad estatal a título de daño especial, pues lo padecido por los accionantes quiebra el equilibrio a las cargas públicas, al ser anormal, desproporcionado, así como reprochable, en atención a los mandatos convencionales de protección a la población civil", señala el fallo.
En este caso, el Consejo de Estado ordenó adelantar un dictamen pericial que permita establecer el monto de la suma que deben recibir las víctimas tras los daños causados en este atentado guerrillero.
