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El Consejo de Estado recibió una demanda contra la elección de Juan Carlos Granados Becerra como magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial.
La acción judicial pide que se anule la elección de Granados y de los otros magistrados electos por el Congreso de la República en la sesión del 2 de diciembre de 2020 porque supuestamente “no llenen los requisitos para el ejercicio del cargo”.
Pero este proceso inició con trabas. La magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, a quien por reparto le correspondió el estudio del caso, ya se declaró impedida porque una sobrina de su esposo fue nombrada en el equipo de trabajo de Granados.
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La magistrada envió el documento al magistrado de la Sección Quinta, Carlos Moreno, presentando su impedimento para no participar del debate y esperando que se elija un nuevo consejero para avanzar con el proceso.
Granados enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el escándalo de corrupción de Odebrecht cuando fue gobernador de Boyacá.
Granados esta siendo investigado por supuestamente intentar beneficiar a la multinacional brasileña con la adjudicación de contratos en el departamento a cambio supuestamente de recibir millonarias sumas de dinero.
Ese proceso está frenado porque el abogado del magistrado pidió suspenderlo hasta que se estudie el caso para preparar la defensa técnica.
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Lo que se dice es que en la audiencia que programe la Corte, el abogado, la Fiscalía y la Procuraduria solicitaran traslado del proceso por competencia dado a que Granados ahora es aforado constitucional.
Así las cosas, la Corte Suprema dejaría de investigar a Granados y el caso le correspondería a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
