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Con la acción pretendían que la Superintendencia Financiera asumiera una reparación económica a su favor superior a los 4 mil millones de pesos.
Los demandantes alegaban que la liquidación forzosa de la firma comisionista en noviembre de 2012 les ocasionó un daño anti-jurídico, ya que perdieron su estabilidad laboral y patrimonial.
Sin embargo, la Sala encontró que la liquidación de InterBolsa exigía la terminación de todos los contratos, entre ellos los de los comisionistas, los cuales eran a término indefinido, quedando condicionado el pago de los salarios, prestaciones sociales y bonificaciones.
Añadió el Consejo de Estado que el daño anti-jurídico no era atribuible a la SuperFinanciera sino a los propios comisionistas, quienes por "su experticia profesional tenían razonablemente acceso a la información de la firma, en cuanto a los manejos de las operaciones de mercado que realizaban y debieron ser capaces de prever la materialización de los riesgos de liquidez que los podían afectar y que llevaron a la quiebra a la comisionista".
Según el alto tribunal, "su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos dañosos recae en no haber advertido sobre la posible crisis de liquidez en la que podía caer la firma, como se evidenció el 1 de noviembre del 2012, cuando el representante legal de la extinta sociedad le comunicó a la Superintendencia sobre su incapacidad para cubrir un crédito bancario por 20.000 millones de pesos".
