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El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura o muerte política contra Aida Merlano, como senadora electa para el periodo 2018 - 2022.
La Sala encontró que Merlano violó los topes máximos de financiación para su campaña electoral, en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo.
Según la demanda, el presupuesto de la accionada para dicha campaña, sobrepasó el monto máximo de gastos permitido para cada candidato, el cual fue establecido por el Consejo Nacional Electoral en poco más 884 millones de pesos.
Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, la Sala estableció que Merlano gastó más de 1.730 millones de pesos, “suma que supera de lejos el monto máximo permitido” por la ley.
El Alto Tribunal reprochó una serie de irregularidades por parte de Merlano, para justificar los informes de ingresos y gastos de campaña.
Por ejemplo, “el incumplimiento del deber de nombrar el gerente de campaña, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos y la falta de registro de los asientos contables en el “Módulo de Ingresos y Gastos”.
Dichas irregularidades llevar a concluir “la intención de ocultar el flujo de gastos y denotan un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal para, con ello, obtener un provecho con miras a garantizar su elección al Senado de la República, como en efecto ocurrió”.
Las investigaciones contra Merlano iniciaron tras un allanamiento por parte de los miembros del CTI de la Fiscalía a su sede de campaña ubicada en Barranquilla, donde se encontraron armas de fuego, 261 millones de pesos en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales.
En contra de Merlano existe un testigo clave, que solicitó protección de la justicia, quien ha asegurado ante la Corte y ante la Fiscalía que ella siempre estuvo enterada sobre la compra de votos para su elección.
Su trabajo en la organización era al parecer captar votos a favor de Merlano para las elecciones, por dicha labor recibía 150 mil pesos en efectivo mensuales.
