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La Nación fue condenada por violaciones al Derecho Internacional Humanitario contra la población de La Gabarra, municipio de Tibú, en Norte de Santander.
El Consejo de Estado tomó esta decisión a raíz de la ausencia de Fuerza Pública durante los hostigamientos de las AUC en esa zona del país en 1999. En desarrollo de ese crimen, paramilitares mataron a cinco personas, secuestraron y desaparecieron a otras y provocaron el desplazamiento forzado de más de cuatro mil ciudadanos.
Las AUC generaron un clima generalizado de intimidación, agravado por las masacres y continuos asesinatos que la misma agrupación armada ilegal ejecutó en la región del Catatumbo durante los días subsiguientes.
La alta corte argumentó que fue clara la violación sistemática de los Derechos Humanos en este trágico hecho y que se evidenció la inexistencia de fuerza pública la cual pudo haber evitado los asesinatos.
Tras la sentencia, El Ministerio de Defensa deberá pagar una millonaria suma a las familias de las víctimas.
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