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Esta semana se conoció de una reunión secreta en la que el alto comisionado de paz, Otty Patiño, logró concertar el inicio de unos diálogos con alias Iván Márquez y el grupo de las disidencias de las Farc conocido como Segunda Marquetalia.
La decisión del Gobierno de entregarle estatus político a este grupo generó revuelo en el Congreso y algunos advierten que Márquez no podría recibir beneficios jurídicos por ser un desertor del acuerdo de paz.
El senador Ariel Ávila afirmó que lo que se firmó con la entonces guerrilla de las Farc quedó consignado en la Constitución, razón por la cual es prácticamente imposible que el jefe de esta organización obtenga subrogados penales.
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“En la negociación con 'Iván Márquez' el Gobierno le encontró el camino jurídico declarándolo como un grupo político. Sin embargo, si se llegara a firmar es muy difícil que se sostenga porque no puede haber beneficios jurídicos para quienes firmaron el acuerdo de paz en 2016 y cometieron un crímenes después de esa fecha”, señaló.
“Es imposible diría yo (que Márquez recoja beneficios), a no ser que se haga una reforma constitucional y como está el Congreso eso no va a pasar”, añadió.
Dijo que una reforma constitucional para modificar lo establecido en el acuerdo de paz en cuanto a los desertores, en este momento es inviable. “Los acuerdos de La Habana están incluidos en la constitución, así que habría que hacer un acto legislativo para cambiar eso, lo cual es imposible en este momento”, añadió.
No obstante, el senador Iván Cepeda asegura que eventuales beneficios a Márquez podrían ser posibles, si así se acuerdan en la negociación, y si se impulsan los cambios normativos respectivos, pero reconoce que en este momento no se permite que pueda comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz.
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“Hoy es así con relación a la JEP, pero en las negociaciones también hay posibilidad de cambien las reglas de juego y si hay una reforma constitucional en el futuro que pudiera habilitar esa posibilidad, lo que sí está claro es que no puede haber impunidad”, sostuvo.
“En el actual momento perdería los beneficios de la JEP y eso significaría afrontar su responsabilidad penal de otra manera y eso es en el actual estado de la reforma que creó la JEP, pero pueden venir modificaciones en el futuro”, enfatizó.
Para el Centro Democrático estos acercamientos con la Segunda Marquetalia son ilegales y están prohibidos en el acuerdo de paz que tiene rango constitucional.
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