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Un grupo de 35 congresistas solicitaron a la Corte Constitucional declarar medida cautelar frente a las aspersiones aéreas de cultivos ilegales con glifosato, a través de una misiva de 17 páginas.
Lo que se busca es que ese tribunal emita una orden judicial que suspenda provisionalmente las resoluciones y los actos jurídicos, encaminados a la posible reanudación de las fumigaciones con el químico para combatir los cultivos ilícitos.
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La petición se da en el marco del estudio que la magistrada Gloria Ortiz hace a cuatro tutelas contra la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), por la presunta violación al debido proceso de las comunidades del pacifico nariñense.
Las cuatro tutelas advierten de una posible violación a la participación efectiva de las comunidades en las audiencias sobre el Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig).
Para los congresistas que firmaron la carta, las medidas tomadas por el Gobierno han desconocido la consulta previa de las comunidades posiblemente afectadas con las aspersiones.
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También señalan que no se ha cumplido con los condicionamientos establecidos por la misma Corte Constitucional en sentencias anteriores, sobre el retorno del glifosato como lo son la sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019.
También dicen que el decreto 380 del 12 de abril de 2021 que traza la ruta para retomar las fumigaciones, “desconoce el punto 6 del Acuerdo de Paz, específicamente el 6.1.6, referido a las Funciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”.
Entre los firmantes de la carta enviada a la Corte Constitucional, está el senador Armando Benedetti, la representante Ángela María Robledo, el senador Roy Barreras, la senadora Aida Avella y el senador Pablo Catatumbo.
