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En medio de la determinación la juez advirtió que "se deben proteger los derechos de los menores, y esto con mayor razón al tratarse de conductas delictivas cometidas contra la integridad física y psicológica de un menor como lo refiere este caso".
Añade que aunque que "Francisco y Catalina Uribe Noguera reportaron sus salidas del país durante los últimos años, y mostraron en todo momento su arraigo e intención de colaborar con las autoridades, también es claro que hubo en principio una posible obstrucción a la justicia".
Finalmente, la juez aseguró que cuando el actuar delictivo se comete contra un menor y que afectan su vida, integridad personal y sexual, la persona implicada no será objeto de beneficios jurídicos como lo ordena la Constitución Nacional, y añadió que suspender dichas medidas a los hoy investigados, "es atentar contra los derechos del menor víctima en este caso".
En las medidas restrictivas que afrontan Francisco y Catalina Uribe Noguera, se establece la prohibición para salir del país, acreditar una buena conducta, no ir al edificio Equus 66 en donde ocurrieron los hechos y presentarse mensualmente al despacho que adelanta el proceso penal.
