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Un juzgado penal del circuito de Bogotá declaró culpable al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego, por exigir dinero por intervenir y evitar decisiones en contra de un aforado investigado por hechos de corrupción, en el marco del escandalo de corrupción judicial del denominado cartel de la toga.
La decisión fue adoptada luego de valorar las pruebas técnicas y testimoniales presentadas en juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación.
En desarrollo de esta investigación un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que el exmagistrado Tarquino Gallego se reunió en cuatro oportunidades con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para discutir asuntos relacionados con las indagaciones que se seguían en su contra por irregularidades de contratación en el departamento y la posible participación en el denominado ‘Cartel de la Hemofilia’.
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En el transcurso del proceso penal se estableció que los encuentros que sostuvo el exmagistrado Tarquino Gallego se cumplieron entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá.
"En uno de estos encuentros, el hoy procesado solicitó 60 millones de pesos para tener acercamientos con personas que podrían conocer detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario", indicó la Fiscalía General.
De igual forma, se estableció que en la cuarta y última reunión el exmagistrado Tarquino Gallego le indicó al exgobernador que la situación judicial que enfrentaba era crítica y le pidió 20.000 millones de pesos para garantizar una mediación del entonces magistrado José Leonidas Bustos Ramírez.
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En dicho encuentro el expresidente de la Corte Suprema de Justicia le indicó al exgobernador de Córdoba que Bustos era el magistrado que podría impedir actuaciones en su contra porque, presuntamente, tenía contactos directos con las instancias que lo indagaban.
Por esta intervención ilegal, Camilo Humberto Tarquino Gallego fue condenado como autor de los delitos de concusión como interviniente y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública en calidad de autor.
