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Entre 2017 y 2018 los periodistas Daniel Samper Ospina, María Antonia García de la Torre y Julio César González Quiceno, más conocido como 'Matador' recibieron varios mensajes amenazantes en la red social Twitter.
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El usuario que amenazaba ponía de presente la falta que hacían personas como Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para mandar a callar a los periodistas.
Debido a la gravedad, constancia y sistematicidad de los mensajes amenazadas e intimidatorios las autoridades ubicaron la dirección IP de donde provenían dichas publicaciones.
Fue de esta forma en cómo se ubicó al tuitero y se le identificó como Ariel Ortega Martínez En el allanamiento a su vivienda se encontraron los computadores y otros elementos desde los cuales escribía los mensajes.
Con estos elementos materiales probatorios fue presentado ante la justicia. En el juicio que duró más de dos años se encontró probada su responsabilidad en las amenazas a través de la red social en contra los periodistas.
Debido a esto el juez 19 de conocimiento de Bogotá lo condenó a seis años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, tras revisar las pruebas, fue absuelto por los delitos de instigación a delinquir y destrucción de elemento material probatorio al considerar que no se demostró que hubiera intentado borrar los mensajes.
En medio del proceso penal, la Procuraduría General cuestionó el hecho que se utilicen las redes sociales para realizar amenazas de este tipo, indicando que se debe enviar un mensaje a la sociedad sobre las implicaciones penales que tiene este actuar.
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"La protección de libertad de expresión de los periodistas es trascendental en una democracia", precisó el delegado del organismo de control disciplinario.
El abogado Ortega Martínez tendrá que pagar una multa de 29 salarios mínimos legales vigentes y no podrá ejercer funciones públicas. En la decisión se le otorgó el beneficio de la casa por cárcel.
Quiroga Martínez, abogado de profesión, fue expulsado del partido Centro Democrático al que pertenecía. La Veeduría Nacional consideró que su actuar iba en contra de los principios de la colectividad y el hecho de amenazar con ese lenguaje violento e intimidante afectaba gravemente el nombre del partido.
