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La Juez Civil del Circuito de Lorica, Isabel Loreley Montes Oyola, fue condenada a 27 años y 11 meses de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá, por vínculos en el "carrusel de la educación" en Córdoba que salpicó a varios funcionarios y abogados.
Según las investigaciones de la Fiscalía, muchos profesores se vieron beneficiados con pagos irregulares de pensiones sin cumplimiento de requisitos de ley y que sumaron por lo menos $80.000 millones de pesos en total.
Un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción la encontró responsable de 35 delitos de prevaricato por acción, 9 delitos de cohecho propio y 12 delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía a favor de terceros.
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Montes Oyola, además fue sancionada con 20 años de inhabilitación al ejercicio de derechos y funciones públicas y una multa de 50.000 salarios mínimos legal vigente.
La juez en mención se encontraba en su casa cobijada con prisión domiciliaria y con la reciente decisión ordenaron que la exfuncionaria sea recluida en una cárcel.
Los hechos que derivaron la investigación ocurrieron entre 2010 y el 2012, y están relacionados con fallos, aparentemente irregulares, en los que el Juzgado Civil del Circuito de Lorica en cabeza de la hoy condenada, ajustó las pensiones de varios docentes.
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Trascendió que la Fiscalía en las indagaciones constató que para sustentar las peticiones ante el juzgado, fueron presentados poderes falsos y documentos que simulaban resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Córdoba que supuestamente, reconocían las mejoras pensionales a un grupo de empleados del magisterio.
Las conductas irregulares detectadas habrían sido concertadas entre funcionarios y los abogados demandantes del municipio de Lorica y varios de los implicados están condenados en la cárcel.
