Concejal de Cartagena habría pagado 150 millones de pesos para asegurar curul: Fiscalía

El proceso en cuestión corresponde a la diligencia que se efectuó y que dejó como resultado la captura del concejal del partido conservador, Jorge Useche Correa; y de los registradores departamentales, Patricia Jiménez Masa y Humberto Carlos Ceballos Fernández.

Estos tres servidores públicos, al igual que el Presidente de la Comisión Escrutadora Departamental, Alfonso Javier Camerano, y dos particulares más, identificados como Jorge Luis Correa Morales y Jorge Restrepo Name; habrían cometido una serie de delitos electorales en los pasados comicios del 25 de octubre del 2015.

De acuerdo con el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se cometieron varias violaciones al Sistema Electoral que favorecieron al cabildante Useche, quien después de perder la curul en la Comisión Escrutadora Distrital al ubicarse en el puesto n°20, la recuperó "misteriorsamente" en la Comisión Escrutadora Departamental donde apareció en la casilla 19.

Una de las evidencias que están siendo investigadas en este proceso contra el concejal Useche corresponde al presunto pago de dádivas por un monto aproximado a los 150 millones de pesos.

"Las evidencias por las cuales se va a hacer audiencia de imputación tienen que ver con las circunstancias y actuaciones que comprometen a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Presidente de la Comisión Escrutadora y el pago de dádivas que permitieron a nivel de la Comisión Escrutadora Departamental, con intervención de las autoridades locales de la Registraduría, que recuperara su curul", apuntó.

Así mismo, señaló el ente investigador que también se detectó desde la Registraduría Departamental se ofrecieron servicios de abogados litigantes, que habrían inducido a diferentes candidatos electos para que dieran dádivas a cambio de emitir un concepto favorable a los intereses del demandado.

"Pasados los comicios electorales del pasado mes de octubre del 2015, empezaron un contacto manifiesto con alcaldes, concejales y funcionarios elegidos para ofrecer los servicios para coadyuvar las pretensiones de las personas demandadas en esos procesos electorales a través de actuaciones que comprometían a la Registraduría", señaló.

Puntualizó el Fiscal que las personas capturadas en este proceso se les imputarán los delitos de cohecho, cohecho impropio, concusión, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.