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La Procuraduría General de la Nación interpuso una acción popular con el fin de recuperar el millonario anticipo que el Ministerio de las Tecnologías de la Información (Mintic) entregó a la Unión Temporal Centros Poblados.
El total del dinero que la UT Centros Poblados debería devolver es 70.243.279.599 millones de pesos, los cuales se entregaron como parte del fracasado contrato para llevar internet a varios colegios del país en zonas remotas.
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La acción popular se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, explicando que esos dineros hacían parte del patrimonio público de la Nación y su perdida podría afectar los derechos colectivos a la moralidad publica de los ciudadanos.
“La defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y a su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato”, explicó la Procuraduría.
Con la acción popular, la Procuraduría también busca que se ordene a la UT Centros Poblados indemnizar a la Nación por 42.944 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
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Dicha indemnización haría parte del fallido contrato que se firmó “a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato”.
Así mismo se busca que el Tribunal ordene al Mintic y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic) adoptar medidas frente a la interventoría y los contratistas que tuvieron que ver en la consolidación de las irregularidades que se presentaron en el fallido contrato.
La acción popular que interpuso la Procuraduría también busca que se establezcan correctivos y medidas legales que aseguren la prestación del servicio de internet en los colegios a los que se iba a llegar mediante el fallido contrato, con el fin de cumplir con el servicio.
“Establezca los correctivos y medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas, que aseguren o propendan por la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público esencial de internet, de acuerdo con el alcance del Contrato Fondo N°. 038 de 2020 en los 15 departamentos y en Bogotá, según objeto del contrato N°. 1043 de 2020”, dice el documento de la Procuraduría
