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El Consejo de Estado con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a las Farc por el delito de desplazamiento forzado durante la zona de distensión que se estableció en sur del país, como parte de las conversaciones de paz que se iniciaron con esta guerrilla en 1998.
El ponente explicó que las Farc deben ser investigadas, puesto que transgredió las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, dentro de los que se encuentran los principios de distinción y de protección en atención a los cuales se encuentran prohibidos los desplazamientos forzados a la población civil.
Igualmente, el alto tribunal le solicitó a la Comisión Interamericana que realice un informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que pudieron presentarse por la zona de distensión, y entregue las recomendaciones y ordene las medidas a las cuales haya lugar.
La decisión la tomó la Sección Tercera al conocer el caso de un hombre víctima de desplazamiento forzado, el cual era el dueño de tres predios en el municipio de Mesetas (Meta), y quien relató como en diciembre de 1999 hombres armados ingresaron a sus predios y hurtaron ganado y otros enseres, por lo que luego de esto se vio obligado a abandonar sus tierras.
Señaló el Consejo de Estado que aunque no se logró establecer el número exacto de las cabezas de ganado perdidas y de los bienes muebles, la Sala encontró que con la puesta en marcha de la 'zona de despeje' el demandante no pudo mantener sus predios.
“La Sala ha considerado que en aquellos casos en los que se verifique una actuación legítima por parte de una autoridad administrativa, pero que con cuya ocasión se haya generad un daño antijurídico, se ve comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado”, indicó la sentencia.
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