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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y un grupo de fiscales especializados, viajan este viernes a Estados Unidos para avanzar en las investigaciones penales que se adelantan por las denuncias sobre presuntas irregularidades en el contrato suscrito para llevar internet a más de 14.000 colegios en todo el territorio nacional.
En una primera instancia, el fiscal delegado contra el Crimen Organizado, Javier García Troches, sostendrá una reunión preparatoria en Miami (Estados Unidos) con los delgados del FBI y de otras agencias de inteligencia, con el fin de impulsar varias investigaciones y fortalecer diferentes procesos relacionados con el narcotráfico, delitos transnacionales y de actos de corrupción.
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Dentro de esto proceso se destacan los casos de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht y el polémico contrato de MinTic con Centros Poblados.
Fuentes judiciales cercanas a este proceso indicaron que el objetivo es lograr la judicialización de los responsables de estos hechos a través de los mecanismos de cooperación judicial; rastrear claramente la ruta de los 70 mil millones de pesos del anticipo y las cuentas que fueron utilizadas, ya que dichos recursos fueron invertidos en equipos en Estados Unidos pero sin respaldo.
De manera simultánea, el fiscal Barbosa viajará el mismo día a Washington para reunirse con delegados de agencias y organismos en ese país, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y Human Rights Watch (HRW).
Con estos encuentros, el funcionario también busca avanzar en la cooperación judicial internacional en distintos procesos de connotación nacional y la investigación de diferentes casos que comprometen los Derechos Humanos.
No obstante, en las próximas dos semanas será el propio fiscal general quien se reúna directamente con el director del FBI en Estados Unidos, para conocer algunos avances en torno al caso del proceso por el contrato de MinTic y seguir definiendo una hoja de ruta en las investigaciones.
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Este viaje a Estados Unidos se suma a otra serie de diligencias que se adelantan en Colombia, como la reciente inspección judicial practicada por una comisión de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a las instalaciones del Ministerio de las TIC.
Se trató de una tercera diligencia de inspección practicada a la sede de esa entidad en desarrollo de la investigación que adelanta la Fiscalía.
Estas diligencias fueron coordinadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación y el objeto de la misma fue recaudar documentación relacionada con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados, para conectar a internet a colegios en veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país.
La inspección se extendió por varias horas y en el trascurso de la misma, fueron entregados documentos físicos y material en medio magnético que serán analizados por parte de peritos técnicos y fiscales especializados adscritos a la unidad anticorrupción.
También se están practicando una serie de interrogatorios, a los que ya han comparecido varios de los protagonistas de este escándalo, como el representante legal del consorcio Centros Poblados.
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Dentro de ese proceso, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que se adelantan cuatro líneas de investigación por supuestos actos de corrupción.
“El caso está priorizado en cabeza del director nacional Anticorrupción. Existe ya la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos”, reveló.
“Entre las líneas a desarrollar está la relacionada con funcionarios públicos que habrían estado involucrados o trabajaron en la estructuración en el proceso de evaluación, en el proceso de las mismas pólizas y los documentos contractuales”, indicó el fiscal.
Así mismo, otra línea de investigación es relativa a la entidad o el contratista que presentó los documentos; una más en torno a la expedición de las pólizas y otra para determinar cómo se produjo el giro de los recursos
