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Esto luego de que se conociera un fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá en el que se favoreció al Estado colombiano, tras obligar a las empresas Claro y Movistar a pagar $ 4,7 billones, por su negativa a revertir los activos radioeléctricos a la Nación.
Sin embargo, esta decisión motivó a estas compañías a buscar tribunales internacional para evitar este millonario pago.
Las firma estarían pensando en acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, amparadas en los acuerdos económicos internacionales suscritos por Colombia como los TLC.
Por tanto, indicó Mario Valencia, de Justicia Triburaria, "mientras Colombia ganó un fallo por menos de US$2 000 millones, según la Agencia para la Defensa del Estado, el país está demandado por cerca de US$140 000 millones. Este es el resultado que ha provocado la política de confianza inversionista promovida por igual por los últimos gobiernos para mantener felices a las trasnacionales".
Valencia recordó que las consultas ciudadanas para frenar a las trasnacionales minero-energéticas están justificadas "por los impáctos sociales, laborales, ambientales y económicos negativos que han causado a los territorios".
"Bienvenida la inversión extranjera que sirva al desarrollo productivo, transfiera tecnología, aporte a la tributación y genere empleos de calidad, pero el mismo Estado colombiano ha propiciado una actuación irresponsable de empresas foráneas que están protegidas por los malos negocios suscritos por los gobiernos colombianos", sostuvo el experto.
Recordó además que Colombia es junto con India y España uno de los países en el mundo con mayores demandas por protección a la inversión en 2016, gracias a los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y a los Tratados de Libre Comercio, TLC, que amparan las actuaciones de las corporaciones de 18 potencias económicas.
Sostuvo que "con los países que se tienen este tipo de acuerdos, también se ha visto cómo en muchas ocasiones son los implicados en escándalos de corrupción de gran calado y que son bien conocidos por la ciudadanía como: desvíos de dinero de empresas de servicios públicos para sobornos políticos. Caso Triple A – Canal Isabel II – INASSA (España); desfalco en Juegos Nacional de Ibagué - Typsa (España); retrasos y sobrecostos en construcción de Bioenergy – Isolux Corsán (España); incumplimiento de contrato vía 4G – Constructora Sacyr (España); y la pésima prestación del servicio de energía en la Costa Caribe – Electricaribe (España), por nombrar algunos casos representativos".
"A los anuncios de Claro y Movistar se suman las demandas en contra del Estado colombiano por parte de Glencore (Prodeco), Gas Natural (Electricaribe), Eco Oro (Santurbán), Claro, Tobie Mining y South 32 (Cerro Matoso)", apuntó Valencia.
