Ordenan arresto al director de la Policía por incumplir fallo de tutela

La sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Cartagena sancionó al mayor General Oscar Atehortúa Duque, director General de la Policía Nacional y a la brigadier General Juliette Giomar Kure Parra, directora de Sanidad de la institución.

La decisión se debe al incumplimiento de un fallo de tutela, proferido el 12 de diciembre del 2016, expedido por esa misma corporación judicial y en el que se ordenó la realización de los procedimientos médicos y quirúrgicos requeridos por un exfuncionario de esa institución.

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De acuerdo con el Tribunal, el accionante presentó un incidente de desacato contra ambos funcionarios de la Policía Nacional, debido a que no se había dado cumplimiento a lo expresado en el fallo de primera instancia y más cuando desde ese organismo judicial se requirió al Director General de la Policía hacer efectiva la orden e iniciara una investigación disciplinaria contra la Directora de Sanidad.

"Como ni la directora de sanidad cumplió el fallo y no justificó el incumplimiento, pero tampoco el general Atehortúa atendió el llamado para hacerlo cumplir e investigar disciplinariamente a la subalterna, la sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Cartagena, les inicio el incidente de desacato", dice la sentencia.

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Según señala la sala laboral, tanto al mayor General Atehortúa como a la brigadier General Kure, se les garantizó el derecho de defensa y al debido proceso, y mediante providencia del pasado 16 de octubre, los declaró en desacato, al encontrar que siguen vulnerando el derecho a la salud del exfuncionario de la Policía, identificado como Daniel Sánchez.

En el caso del Director de la Policía Nacional, se ordenó cinco días de arresto; mientras que para la Directora de Sanidad, se determinaron 10 días de esta medida. La decisión se debe cumplir en el Comando de la Policía Nacional, en Bogotá.

Hay que indicar además que a ambos sancionados se les impuso una multa económica equivalente a diez salarios mínimos legales vigentes.