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El juzgado quinto de ejecución de penas de Bogotá recibió formalmente el memorial de la defensa de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador en el que solicita su libertad condicional argumentando que ya cumplió con todos los requisitos, multas y sanciones que le impuso la Corte Suprema de Justicia en la condena por las ‘chuzadas’.
El pasado 7 de octubre la exjefe del organismo de seguridad le envió una misiva pidiéndole excusas por el “daño causado” a las víctimas reconocidas de los seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales registradas entre 2007 y 2008. Entre estos se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, el abogado Ramiro Bejarano y el periodista Daniel Coronell.
“Además de atender a la decisión de la H. CSJ, entiendo que el perdón, como su nombre lo indica, es un don, un acto libre e incondicional y en este caso nacen de mi convicción de contribuir humildemente al proceso de reconciliación nacional”, señala uno de los apartes de la carta en la cual reconoce que ha adelantado desde el lugar en el que se encuentra privada de su libertad un trabajo de resocialización y reparación a las víctimas reconocidas.
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En 2015, Hurtado fue condenada a 14 años de prisión por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Esto tras ordenar y exigir la recolección de información privilegiada de un grupo de personas entre los que se periodistas, magistrados de la Corte Suprema y políticos de oposición al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el fin de adelantar una campaña de desprestigio.
En el fallo, el alto tribunal determinó en su momento que existían pruebas documentales y testimoniales que permitían inferir que desde la dirección del DAS se creó un grupo especial para interceptar las comunicaciones y realizar minuciosos seguimientos.
Hurtado recibía directamente estos documentos en su despacho. Después se los presentaba personalmente a un grupo de funcionarios de la Presidencia de la República, entre ellos el secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, y, en casos muy específicos, al jefe de Estado.
Pese a que por su formación como abogada y experiencia profesional conocía de la ilicitud de su conducta entonces la directora del organismo de seguridad del Estado continuó con estas labores. Incluso, en algunos casos, utilizó los gastos reservado del organismo para pagar por la obtención de documentos, fotografías y videos.
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El 31 de enero de 2015, Hurtado Afanador se entregó a una comisión del CTI de la Fiscalía General en Panamá y regresó al país. Esto después de estar prófuga de las autoridades por más de cinco años.
