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Un choque de trenesse desató entre la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, por una diligencia que fue ordenada por el alto tribunal, en la que por lo menos 20 funcionarios de la Procuraduría entraron al búnker, para revisar documentos en los despachos de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancurt,a raíz de una denuncia por supuestas interceptaciones ilegales.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que ese procedimiento violó la ley consagrada en el Código de Procedimiento Penal, al advertir que cuando se requieren elementos de prueba que no han sido objeto de descubrimiento ante los jueces, los mismos sólo puede entregarse “previa autorización del Fiscal General de la Nación”, razón por la cual, la entidad no suministró los elementos requeridos.
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Dice la Fiscalía que la determinación del magistrado Alejandro Meza Cardales hacía referencia a números de radicados inexistentes e indeterminados.
El ente acusadoralertó además que los funcionarios de la Procuraduría que cumplían esa orden intentaron acceder a documentos reservados, sin la previa autorización expresa del Fiscal General de la Nación.
La Fiscalía denunció que los miembros de la Procuraduría amenazaron con grabar a los funcionarios de la Fiscalía que no cumplieran con las órdenes que para el ente acusador son ilegales.
Investigación en la Judicatura
Por su parte, fuentes de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura señalaron que las pruebas recaudadas por los investigadores, darían cuenta de hechos al parecer contundentes de las supuestas interceptaciones ilegales, sin embargo aclararon que la investigación se encuentra en etapa preliminar.
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A cargo de los fiscales han estado procesos de alta relevancia nacional como por ejemplo el caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda.
Dicha investigación la adelantó el fiscal Daniel Hernández y se trató de interceptaciones ilegales a los miembros de la mesa de negociación con las Farc supuestamente para sabotear el proceso de paz.
No es la primera vez que los fiscales se ven involucrados en denuncias por supuestas irregularidades en sus procesos. En marzo pasado el fiscal encargado del caso Odebrecht, Leonardo Espinosa solicitó investigarlos por supuestas omisiones en investigaciones en ese escándalo de corrupción.
