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La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le respondió a la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión de tutela que favoreció al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y generó un choque de trenes entre ambas cortes.
En esa decisión, la Sala Disciplinaria ordenó que uno de los magistrados de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema se apartara del proceso contra Ramos por presunta parapolítica y se emitiera un nuevo proyecto de fallo por la filtración del documento a la prensa.
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Esa orden generó descontento en la Corte Suprema que advirtió que no hay pruebas contra magistrado y pidió a la Corte Constitucional revisarla, tras considerar que la Sala Disciplinaria no era competente para fallar esa tutela, dado a que los magistrados que la conforman ya cumplieron su periodo en la Rama Judicial.
Ante eso, la Sala Disciplinaria respondió que mantiene sus competencias porque la Comisión de Disciplina Judicial que debe retemplarla, no se ha creado.
“La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”, dijo la Sala a través de un comunicado.
Eso sucede a pesar de que la Corte Constitucional haya ordenado conformar ese nuevo órgano disciplinario. Los magistrados de la Sala Disciplinaria explican que, según la ley, sus competencias seguirán vigentes hasta tanto se conforme la Comisión, situación que no ha sucedido.
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“El acto legislativo 02 de 2015, no sustrae de forma alguna de la arquitectura constitucional colombiana esta Corporación, de forma inmediata, sino que la mantiene en transitoriedad, hasta tanto no se instale de forma definitiva la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, señala el comunicado.
El proyecto de fallo en el caso Ramo lo reveló Noticias Uno, el 12 de julio, al señalar que la Corte impondría una condena de 19 años y medio de cárcel a Ramos por concierto para delinquir, en la modalidad de promover grupos armados ilegales.
“La ponencia dice recibir dineros para sus campañas políticas, tener contacto directo con los hermanos Castaño, y recibir aportes para sus campañas de los narcoparamilitares Tuso Sierra y Miguel Arroyave”, sostiene uno de los apartes del documento que Ramos presentó a dicha sala.
Pero no es la primera vez que ese noticiero revela el documento de la ponencia. En el 2018, cuando el expediente estaba en el despacho del magistrado Eyder Patiño de la Sala Penal, también se hizo público el documento que proyectaba una condena de nueve años de prisión contra Ramos.
