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Juan José Laverde, Jorge Enrique López y Luis Fernando Duque, tres de los principales implicados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados lograron un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconocen su participación en el millonario contrato suscrito con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), que tenía por objeto llevar internet a las zonas más apartadas del país.
Según la investigación, el polémico contratista Emilio Tapia Aldana también procesado por este escándalo, habría contactado a varias personas para que aceptaran entregar sus nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para que se conformara la Unión Temporal y así apropiarse de 70 mil millones de pesos como anticipo del contrato.
De acuerdo con los fiscales en el proceso contra Jorge Enrique López, los investigadores llegaron a un preacuerdo con el empresario el pasado 30 de agosto y el próximo 19 de octubre un juez anunciará si avala o no dicha negociación que contempla entre otros aspectos una condena de cuatro años de prisión.
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En esta negociación también se habría pactado el reintegro de un monto que supera los 187 millones de pesos como responsable de delitos como fraude procesal y falsedad en documento privado.
De acuerdo con las investigaciones, el papel que jugó Jorge Enrique López en este entramado de corrupción consistió en conseguir las pólizas falsas a través de las cuales la Unión Temporal Centros Poblados accedió al millonario contrato.
Por su parte, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal, investigado por peculado por apropiación, también estaría considerando reconocer su responsabilidad en este caso y en ese camino sería presentado un preacuerdo este miércoles 28 de septiembre ante un juez de Bogotá.
Así mismo, se conoció que el representante de la empresa aseguradora, Rave Seguros, Juan José Laverde, buscó un preacuerdo con la justicia que será presentado ante un juez el próximo 14 de diciembre para que defina si da luz verde a esa negociación.
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En dicha negociación el empresario se comprometió a reintegrar una suma que asciende a los 186 millones de pesos y un juez definirá si lo avala el próximo 14 de diciembre.
Este miércoles también se tiene prevista la acusación contra el contratista Emilio Tapia, quien igualmente estaría tratando de concretar una negociación con la Fiscalía, sindicado de ser el cerebro de este entramado de corrupción.
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