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En el desarrollo de la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial investigada por presuntamente haber participado en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, la Procuraduría aseguró que la exconsejera representa un peligro para la sociedad y una amenaza de obstrucción a la justicia.
El delegado del Ministerio Público solicitó a la jueza de control de garantías que impusiera una medida de aseguramiento privativa de la libertad en una cárcel para Sandra Ortiz.
"No existía otra medida que en ese momento pudiera garantizar que, frente a la gravedad de los hechos y su capacidad de gestión sobre los mismos medios de prueba, la procesada pudiera y debiera continuar en libertad mientras se adelantara el proceso penal. Resultó también adecuada en la medida en que, tal como le explicó la Fiscalía, ninguna de las medidas no privativas permitía garantizar que no se adelantaran actividades tendientes a interferir en el desarrollo de la investigación y a minimizar el peligro para la comunidad en los términos que se expusieron anteriormente", dijo el Ministerio Público.
El representante agregó que los delitos cometidos por la exconsejera no se limitaron a los daños inmediatos o visibles, sino que también tuvieron un impacto profundo y duradero en la confianza social y en la estabilidad del país.
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De igual manera, los representantes de las víctimas apoyaron la solicitud y aseguraron que Ortiz podría manipular a personas y a las pruebas de este entramado de corrupción, por lo que debería estar recluida en la cárcel.
Posteriormente, la defensa de Sandra Ortiz, el abogado Oswaldo Medina, alegó que en el proceso contra su defendida, la Fiscalía no investigó para imputar, sino para obtener pruebas del entramado de corrupción.
El abogado destacó que la Fiscalía no tuvo en cuenta varias circunstancias que, a su juicio, deberían ser consideradas al momento de evaluar el caso de Ortiz.
"No solo se filtró la noticia a los medios, sino que la Fiscalía no tuvo en cuenta su condición de única mujer investigada, de madre de una hija menor de edad", dijo el penalista.
Además, criticó duramente el papel de la Fiscalía, señalando que parecía estar tomando decisiones sin una investigación rigurosa, lo que podría generar injusticias.
