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La Procuraduría General de la Nación impuso las primeras sanciones a tres exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por su participación en el escándalo de corrupción y saqueo que afectó a esta entidad.
La sanción disciplinaria de primera instancia se impone por la adjudicación irregular de 40 carrotanques de agua inservibles para la región de La Guajira, donde se perdieron más de 46 mil millones de pesos.
De acuerdo con el fallo de primera instancia, Sneyder Pinilla, quien se desempeñó como subdirector de Manejo de Desastres, recibió una sanción de 20 años de inhabilidad.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, fue sancionado con 18 años de inhabilidad y también permanece bajo custodia militar. El tercer sancionado, Víctor Andrés Meza, quien ocupó el cargo de exsubdirector general de la UNGRD, recibió una inhabilitación de 10 años.
"En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo de Jesús López Martínez; y de 20 al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques que serían destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira", dice el comunicado de la Procuraduría.
Cabe recordar que este escándalo se conoció a través del testimonio de Luis Eduardo López, alias ‘El Pastuso’, un empresario que se confesó culpable de participar en los hechos irregulares junto con Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según relató el testigo, fueron utilizadas las empresas Impoamericana Roger SAS, Luket SAS y Brand SAS para amañar el contrato relacionado con los carrotanques.
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El episodio evidenció una serie de actos ilícitos que llevaron a la pérdida de recursos públicos destinados a la atención de desastres en una de las regiones más vulnerables del país.
En el marco del proceso penal, el empresario López suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, en el que se comprometió a devolver 7.722 millones de pesos y aceptó una pena de seis años de prisión.
Este acuerdo refleja la intención de las autoridades de recuperar parte de los recursos malversados y hacer justicia frente a un caso que ha conmocionado a la opinión pública.
Las sanciones impuestas por la Procuraduría no solo buscan castigar a los responsables, sino también prevenir futuros actos de corrupción en entidades del Estado.
La vigilancia y control sobre la gestión de los recursos públicos se convierten en una prioridad para garantizar la transparencia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La UNGRD, en su labor de gestión del riesgo, deberá fortalecer sus mecanismos internos para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
