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La FM conoció que ya se inició la tercera fase de las investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional Gestión del Riesgo y como parte de esta nueva etapa, la Fiscalía General de la Nación avanza en la práctica de pruebas y revisión de documentos y soportes financieros y contractuales en torno a estos hechos, para definir la emisión de nuevas órdenes de captura contra otros exfuncionarios y contratistas que serían pieza clave en este entramado criminal.
Los investigadores que impulsan está nueva fase probatoria integran el grupo especial que fue conformado para estos fines por la fiscal 79 especializada contra la de corrupción, Andrea Muñoz y la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, entre otros funcionarios, agentes de Policía Judicial, peritos técnicos y contables.
Tras la decisión de la juez 72 de control de garantías de Bogotá, que ordenó enviar a la cárcel a Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), al igual que a Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico del exdirector Olmedo López, como supuestos partícipes de este entramado de corrupción, la Fiscalía intensificó la inspección de los centenares de folios y demás documentos aportados por los primeros implicados para determinar la posible responsabilidad de otros exfuncionarios de alto nivel que estarían involucrados en este escándalo.
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Estas órdenes de captura sobre las que trabajan los fiscales se suman a otras diligencias que también están definiendo los investigadores, como nuevas citaciones a interrogatorio en calidad de indiciados a altos exfuncionarios del Gobierno.
Por ejemplo, serían citados a interrogatorio antes de finalizar este año, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su exasesora María Alejandra Bennavides, el director de la Función Pública César Manríquez y el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González.
De acuerdo con los investigadores, una imputación o archivo en los procesos penales contra el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y de los demás funcionarios salpicados en este escándalo de corrupción, dependerá del curso de las diligencias judiciales que se están practicando.
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Pese a la imputación formulada contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, la Fiscalía sigue llevando a cabo sesiones de trabajo con estos tres primeros implicados para definir si procede concretar una eventual negociación, que sería bajo la vía de una principio de oportunidad parcial y un preacuerdo.
