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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia habría abierto la puerta para conceder beneficios a funcionarios y particulares que entreguen información sobre los hechos de corrupción investigados en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo.
Según fuentes del tribunal, está decisión buscaría recolectar elementos de prueba que permitan judicializar a los congresistas involucrados en el caso, especialmente aquellos que se hayan lucrado de contratos en dicha entidad.
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El objetivo del alto tribunal es obtener testimonios clave para avanzar en la investigación de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que están bajo sospecha de haberse beneficiado de manera ilícita.
Las fuentes afirman que la información proporcionada por testigos no aforados podría ser crucial para esclarecer el papel de estos parlamentarios en el escándalo.
Entre los testigos que la corte buscaría motivar para que colaboren en el proceso se encuentran Sneyder Pinilla y Olmedo López, quienes tienen información relevante sobre la participación de los congresistas en el caso que ha sacudido el ámbito político del país.
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La sala espera que estas declaraciones ayuden a revelar detalles adicionales sobre cómo se habrían ejecutado los actos de corrupción dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo.
Sin embargo, las fuentes indicaron que el proceso aún no ha avanzado significativamente, pues una de las principales razones de esta demora es la falta de entrega oportuna de pruebas por parte de la Fiscalía, lo que ha retrasado la judicialización de los implicados.
Por ahora, el alto tribunal solo ha recibido la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien guardó silencio en la diligencia que se realizó en diciembre del 2024 ante el magistrado Misael Rodríguez.
Según la información conocida, el objetivo de los aparentes beneficios que podría conceder la Corte Suprema es que se acelere el avance del proceso, pues la aparente demora de la investigación se debe a que varios de los testigos están a la espera de que la Fiscalía negocie los acuerdos y principios de oportunidad para que, con los testimonios, los presuntos implicados no aforados, no incurran en autoincriminación.
