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Uno de los implicados en el escándalo de corrupción del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, se acogió a un acuerdo con la Fiscalía con relación a los cargos que le habían imputado.
Se trata de Julián Jaramillo, uno de los asesores del exgobernador en esa época, quien firmó un acuerdo en el que se comprometió a pagar cerca de 680 millones de pesos, más un 10% con el que estaría reparando los daños que dejaron el delito que cometió.
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“Es importante hacérselo saber a la comunidad, las condenas no son solamente justicia, los acuerdos también lo son. En el caso de Julián está aceptando su error y lo está afrontando con la devolución de este dinero”, señaló el abogado Rodrigo Parada, defensor de Jaramillo.
Cabe señalar que Julián Jaramillo estaba implicado por los dineros y unos contratos que se habían apropiado indebidamente en el reforzamiento del estado Alfonso López.
El abogado de Jaramillo indicó que luego de este acuerdo, que se llegó con la Fiscalía General de la Nación, se indicó que el exasesor tendrá que pagar 50 meses de prisión.
“Julián ha colaborado con la justicia, sin embargo, por lo que dice la ley no tendrá más rebaja de pena. Cabe señalar que él, una vez llegó la orden de captura se entregó a las autoridades y ya cumple 4 meses detenido, estos sí se le restan a la condena”, agregó el defensor.
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Por otro lado, es importante mencionar que se espera que con este dinero que ha entregado Julián Jaramillo, se realicen obras que fomenten el deporte en la ciudad.
Otra de las personas que están implicadas en este caso de corrupción y que sea acogió a un acuerdo con la Fiscalía es Artemio Sánchez, quien tendrá que pagar cuatro años de prisión y devolver 1.430 millones de pesos.
Recientemente trascendió que el propio Richard Aguilar también podría conseguir su libertad por vencimiento de términos en el proceso que se le adelanta.
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Además, la juez 13 de Control de Garantías de Bucaramanga dejó en libertad a la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo y a su esposo Lenin Pardo, por vencimiento de términos, luego de que se cumplieran los 240 días que contempla la ley para que los investigados tuvieran el próximo juicio.
