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La Contraloría General de la Nación vinculó formalmente al proceso fiscal a Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel, Juan José Laverde, Jorge Molina, y José Rafael Lastre, por presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más de 70.000 millones de pesos girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados.
Según el órgano fiscal, este proceso se abrió a mediados de agosto, en cuantía estimada de $70 mil millones , por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 de diciembre de 2020, resultado del proceso licitatorio.
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La Contraloría investiga además las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría vinculó inicialmente al proceso fiscal abierto a los funcionarios de Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (FunTIC) Adriana Vanessa Meza, representante legal delegada de FunTIC, Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual; Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato 1043 de 2020.
Además a SES Colombia S.A, miembros de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia, Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación representada por Carlos Paramo Samper, ICM Ingenieros representada por Jeremías Olmedo Cabrera, Intec de la Costa representada por Hugo Canabal.
También Omega Building Constructora; miembros del consorcio PE2020 C Digitales; PMO Solycom; Eurocontrol Sucursal Colombia; Telemediciones; Fiduciaria BBVA Asset Management.
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Posteriormente fueron vinculados Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados y Robert Gómez Cuello, representante legal de FunTIC.
"En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 610 de 2000, ya se decretaron las medidas cautelares correspondientes", informó la Contraloría.
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