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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis integrantes de la Policía Nacional, involucrados en el caso de interceptaciones ilegales a los teléfonos de la niñera Marelbys Meza.
Los cargos se refieren a hechos ocurridos a principios de 2023, relacionados con una denuncia por el hurto de 12 millones de pesos interpuesta por el esposo de Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro y hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
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Entre los implicados se encuentran los mayores John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada, ambos pertenecientes al Grupo Investigativo contra Estructuras Delincuenciales Organizadas (GREDO); el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas.
Además, el pliego de cargos menciona a dos investigadores de la SIJIN de la policía de Bogotá: el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Cañizales Bonilla.
Según la Procuraduría, estos funcionarios habrían participado en falsificación de documentos y manipulación de pruebas para obtener órdenes de interceptación telefónica sin el fundamento legal adecuado.
El caso se originó con la denuncia del supuesto robo, que llevó al investigador Quinchanegua a solicitar la interceptación de las líneas de Meza y otros involucrados.
A pesar de que la fiscal encargada inicialmente rechazó la solicitud, Quinchanegua y Cañizales habrían falsificado documentos clave, incluyendo un informe de campo y una declaración de fuente no formal, con el fin de conseguir una orden de interceptación para las líneas de los denunciados.
A pesar de la negativa inicial, la fiscal ordenó la interceptación tras recibir los informes manipulados. Sin embargo, se descubrió que la línea de Marelbys Meza ya estaba siendo interceptada en un caso relacionado con el Clan del Golfo.
Frente a esto, la única línea que quedó sin autorización para ser intervenida fue la de Yhonson Pineda, cuya interceptación fue gestionada por Quinchanegua y Canizales.
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Por su parte, el patrullero Morales Cárdenas, con el apoyo del capitán Correa Loaiza, habría falsificado un informe para incluir a Meza y Perea como miembros del Clan del Golfo, induciendo a error al Fiscal 191 DECOC Quibdó, quien también ordenó la interceptación de sus números.
La Procuraduría cuestionó la conducta de los mayores López Tolosa y Camacho Prada, quienes, según el ente disciplinario, no verificaron adecuadamente la información que justificaba las interceptaciones.
Este hecho se calificó como falta grave por culpa gravísima, mientras que las acciones de los otros cuatro implicados fueron consideradas de carácter doloso.
