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La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela que presentó el exgobernador Luis Alfredo Ramos, con la cual buscaba dejar sin efectos el fallo que lo condenó por vínculos con paramilitares.
Con la decisión de la Sala quedan en firme los fallos del 2021, en primera instancia, y de abril en segunda, que lo condenan a siete años de prisión sin beneficios por la gravedad del delito.
“No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta (…) el delito por el que se le condena está excluido de los beneficios y subrogados penales”, se lee en la condena de primera instancia que señala que la condena no es excarcelable.
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Esa misma sentencia condenatoria se indica que tampoco se le puede conceder el beneficio de prisión domiciliaria, “ya que la sanción mínima prevista (…) supera los cinco años mínimos como tope máximo”.
Ramos fue condenado por concierto para delinquir, con la finalidad de promover grupos armados ilegales. La Corte concluyó que era responsable de recibir dinero de paramilitares para financiar sus campañas políticas, desde el 2001 al 2007, a cambio de favores políticos que, entre otras cosas, implicaban beneficios en la ley de Justicia y Paz que creó el gobierno de Álvaro Uribe.
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La sentencia de condena sostiene que recibió dineros de los narco paramilitares hermanos Castaño, de ‘el tuso sierra’ y de 'Miguel Arroyave', cuando se desempeñaba como comandante del Bloque Centauros.
También señala que Ramos asistió a una reunión en la Finca Bellanita, en el municipio de Bello Antioquia, con jefes paramilitares como ‘Ernesto Báez’, ‘Julián Bolívar’, ‘Alberto Guerrero’ para hablar sobre los beneficios de la ley de justicia y paz.
“El encuentro tuvo como objeto que ‘Ernesto Báez’ transmitiera el mensaje remitido por el líder de las autodefensas Vicente Castaño, a quienes consideraban sus amigos, el acusado (Ramos) y Óscar Suarez Mira (condenado por parapolítica), para que colaboraran con sus gestiones en el Congreso, a fin de que la ley de justicia y paz se expidiera de conformidad con sus intereses”, se lee en los hechos del fallo.
La condena contra Ramos abarca una multa de 7.749 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de condena.
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