La FM en Google News
Una juez ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a los cuatro policías, identificado como Dana Canizalez , Alfonso Quinchanegua , John Fredy Morales Cárdenas y Carlos Andrés Correa Loaiza tras su presunta vinculación en las interceptaciones a los celulares de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.
Además, la Fiscalía aseguró que los implicados habrían manipulado testigos y destruido pruebas para afectar el proceso judicial.
Los cuatro policías están siendo procesados por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad ideológica en documento público.
Le puede interesar: Fiscal Barbosa no será testigo en caso de Laura Sarabia
Entre los implicados, también está involucrada la uniformada Dana Cañizales, quien al resolver un recurso de reposición interpuesto por su abogado defensor, se le impuso medida no privativa de la libertad, argumentada en su renuncia a la Policía y su decisión de irse a vivir al Tolima.
Cabe mencionar que, en audiencias preliminares la fiscal encargada aseguró que los uniformados Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Canizales serían los responsables de alterar el informe de la Sijin que correspondería a los actos urgentes del día del robo de la casa de la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia.
Le puede interesar: ¿Tremendo show el de Laura Sarabia en la Fiscalía?
Una de las revelaciones clave es la que presentó la defensa de los implicados, quienes afirman que existen documentos del expediente que advierten que la fiscal que pidió investigar a los policías hoy capturados, fue la misma que siete días después, acudió a un juez para legalizar las interceptaciones que ellos hicieron y por los cuáles hoy están detenidos y envueltos en un proceso judicial que podría privarlos de la libertad.
Uno de los documentos es la compulsa de copias que hizo la fiscal 101 local de Bogotá y que investigaba el caso de robo en la casa de Laura Sarabia.
En dicha compulsa, se pidió a la Dirección Anticorrupción que abriera procesos en contra de los investigadores, pero siete días después, la misma fiscal acudió a un juez para legalizar la información obtenida de las chuzadas.
-1200x675.jpg)
