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Un juez de conocimiento de Bogotá ratificó la imposición de la medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario, contra el empresario Carlos Mattos, implicado en el caso de corrupción de Hyundai.
El funcionario judicial también ordenó que el juez noveno de control de garantías quien conoció el caso en primera instancia, escuche a los defensores del empresario quien se encuentra evadido de la justicia en España.
Cabe mencionar que esta decisión se tomó luego que el caso pasara por varios despachos judiciales en donde inicialmente no se había ordenado su detención, tras argumentar que no existían pruebas razonables para demostrar su responsabilidad en el pago de sobornos en medio de un pleito con la casa matriz de esa compañía de vehículos.
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Mattos es investigado por presuntamente haber enviado 100 millones de pesos a la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández quien dejó en firme las medidas cautelares que le permitieron a la empresa que él dirigía, seguir vendiendo los vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
Sin embargo y con esta reciente decisión, el juez de segunda instancia sostuvo que había inferencia razonable para concluir que posiblemente se había cometido una conducta punible. En este caso, la Fiscalía General le imputó a Mattos el delito de cohecho por dar u ofrecer.
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El funcionario judicial aseguró que la labor del juez de control de garantías, era determinar si de acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, se podía considerar que la conducta punible había o no ocurrido y dictar medida de aseguramiento según lo establecido en la ley.
El empresario quien se encuentra en España y no se ha presentado ante la justicia colombiana, enfrenta otro proceso penal por los delitos de utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema, daño informático y cohecho, en otro proceso penal que se adelanta en su contra.
Entre tanto, los apoderados de Mattos apelaron la decisión y solicitaron declarar la nulidad de la medida de aseguramiento, tras argumentar que en esa primera instancia no se les permitió explicar los motivos que tenían para controvertir esa decisión.
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