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La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se abstuvo de resolver el conflicto de competencias planteado por la defensa del coronel Jorge Armando Pérez y otros cuatro militares procesados por los hechos que rodearon el asesinato del desmovilizado guerrillero de las Farc, Dimar Torres.
En ese sentido la investigación continuará por ahora en la jurisdicción ordinaria y no en la justicia penal militar, como lo solicitaba la defensa del Coronel.
La sala disciplinaria señaló que “es el superior jerárquico del Juzgado 80 Penal Municipal, con función de control de Garantías, quien debe definir la impugnación de competencia planteada, en este caso a los jueces penales del circuito de conocimiento“.
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En el caso también son investigados los uniformados Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte y William Andrés Alarcón Castrillón.
En la audiencia, en la cual se planteó el conflicto de competencias, el procurador del caso Víctor Hugo Hurtado Cortés señaló que no podría presentarse dicha situación debido a que “un conflicto de competencias surge únicamente entre dos jurisdicciones, (...) situación que aquí no surgió pues es muy claro que son las partes las que manifestaron dicha condición y las mismas no tienen funciones jurisdiccionales”.
La Sala Disciplinaria explicó que no existieron los presupuestos para que surgiera un conflicto entre jurisdicciones “sino por el contrario estar en presencia de una impugnación de competencia solicitada por la defensa”.
Sobre el caso el fiscal encargado Fabio Espitia señaló que hay evidencia que involucra al Coronel en la retención ilegal del exguerrillero y los actos de tortura que sufrió y además de su muerte.
“La Fiscalía tiene claridad sobre la competencia, la justicia penal militar no ha solicitado ni planteado coalición (…) Esto fue una solicitud de la defensa y el juez dispuso remitir este al consejo Superior de la Judicatura”, dijo.
La Procuraduría informó que desde el primer momento en que se conoció sobre la muerte de Torres se abrió una investigación disciplinaria preliminar en la que ya se designó un agente especial para adelantar las pesquisas.
Sobre los hechos el propio Ejército reconoció la muerte del exintegrante de las Farc, luego de que la comunidad lo denunciara y después de que varias personas llegaran al lugar donde dicen que los soldados habían cavado un hueco para enterrar su cuerpo, el cual fue encontrado con signos de tortura.
