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El director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez, aseguró que bajo esajurisdicción hay varios casos que vinculan a militares en muertes de civiles como lo es el de Dimar Torres, los ochos menores que murieron en el bombardeo en Caquetá y el joven que murió en La Lizama, Norte de Santander.
Dijo que en el caso de Dimar Torres, la competencia es de la justicia ordinaria ya que el nexo causal se rompió, es decir y según se indica en el derecho, hubo una ruptura en la relación entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y el daño propiamente dicho.
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“El juez del caso hizo un análisis del caso del rompimiento del nexo causal y ese fue el resultado en este caso”, dijo.
Sobre el bombardeo en el Caquetá, que dejó ocho menores muertos, aseguró que están esperando los actos urgentes del CTI para determinar su competencia, aunque indicó que fue un acto legítimo.
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“Tengo entendido por el juez 124 que están esperando el desarrollo de los actos urgentes del CTI, pero esperemos qué dictamina el juez para saber si pertenece a esta jurisdicción”, afirmó.
Agregó que “ese caso llegó, pero fue con toda la legitimidad para que nunca se debilite la confianza en las Fuerzas Militares en recobrar el orden público en el país”.
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Cabe recordar que el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército Nacional, aseguró en medio de la controversia que ha generado el bombardeo que dejó la muerte de ocho menores en Caquetá, que de saber de su presencia en esa zona no lo hubiera llevado a cabo.
Indicó que en ese caso hubiera primado la vida de los menores y no dar con la neutralización de alias Gildardo El Cucho. “Si hubiéramos tenido conocimiento, no tomamos esa decisión porque nosotros no podemos agredir menores”, dijo Martínez.
Su argumento es contrario al del comandante de las FFMM, general Luis Fernando Navarro, quien no quiso comprometerse al momento de responder si hubiera o no dado la orden de bombardear.
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