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La Fiscalía General reportó que a un monto que alcanzó los 80 mil millones de pesos se elevó la defraudación cometida por los implicados con el llamado Carrusel de la Educación en Córdoba, en el que decenas de profesores se vieron beneficiados con pagos irregulares de pensiones sin cumplimiento de requisitos de ley.
Así lo confirmó el Tribunal Superior de Bogotá tras acoger los argumentos y pruebas expuestas por la Fiscalía tras condenar a una pena de 27 años y 11 meses de prisión a la Juez Civil del Circuito de Lorica, Isabel Loreley Del Socorro Montes Oyola, al demostrarse su responsabilidad con estos hechos de corrupción.
Los magistrados del Tribunal hallaron culpable a esta juez de cometer 35 delitos de prevaricato por acción, 9 delitos de cohecho propio y 12 delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía a favor de terceros.
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En la sentencia también se le condena a la juez a una pena de 20 años de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y al pago de una multa de 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa.
Los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron entre 2010 y el 2012 y están relacionados con fallos, aparentemente irregulares, en los que el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba), en cabeza de la hoy condenada, ajustó las pensiones de varios docentes.
Los investigadores establecieron que para sustentar las peticiones ante el juzgado, fueron presentados poderes falsos y documentos que simulaban resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba que, supuestamente, reconocían las mejoras pensionales a un grupo de empleados del magisterio.
Las conductas detectadas habrían sido concertadas entre funcionarios y los abogados demandantes, estos últimos, quienes son señalados de aportar los elementos espurios con los que se obtuvieron las sentencias.
Asimismo, el Tribunal ordenó que la exfuncionaria judicial sea recluida en el establecimiento carcelario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
Por estos hechos del Carrusel de la Educación en Córdoba ya fueron condenados los abogados Álvaro Antonio Narváez Llorente, quien deberá cumplir una pena de 21 años y 6 meses de prisión; Albeiro Ramón Mangones Figueroa, 18 años y 7 meses; mientras que Jesús Eduardo Mangones Rhenals y Ramón Enrique Fuentes Álvarez deben pagar una pena de 17 años y 1 mes.
Estas otras condenas fueron emitidas por los delitos de peculado por apropiación agravado y prevaricato por acción.
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