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La Fiscalía General de la Nación aseguró que son contundentes las pruebas que demostrarían que el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, se apropió de multimillonarios recursos de la salud de los colombianos en hechos registrados en cuatro años.
"La Fiscalía investiga a Palacino por la presunta apropiación indebida de recursos por un valor cercano a 400 mil millones de pesos entre los años 2000 y 2004. Al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con el IPC, esa cifra ascendería a 770 mil millones de pesos", dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez.
De igual forma, sostuvo que este monto evidencia que la EPS utilizó dineros públicos que estaban destinados a la salud de sus afiliados, para llevar a cabo otro tipo de gastos o inversiones.
Según el fiscal, los recursos apropiados debían ser utilizados para la prestación de servicios de salud a cerca de 7 millones de afiliados, se habrían desviado para incrementar el patrimonio personal de la empresa prestadora de salud.
De acuerdo con las investigaciones, los dineros saqueados habrían sido desviados hacia inversiones nacionales, inversiones en el exterior en México y Ecuador, adquisición de planta y equipo, inversiones permanentes, préstamos a socios y trabajadores y pago de deudas.
Consulte lo que dice la defensa de Palacino al respecto (clic aquí).
"El dinero de la salud tiene destinación específica y está orientado a la atención de los usuarios y la ejecución de campañas de prevención, es decir, únicamente a la cobertura de los planes de beneficios POS o POS Subsidiado", indicó el fiscal.
En su decisión, la Fiscalía advirtió que gastos diferentes como los mencionados deben hacerse por inversión de las ganancias de las EPS y demás recursos propios, y no por cuenta de los dineros que el Estado destina a los afiliados del sistema.
Cobros injustificados
La Fiscalía también estableció toda una serie de irregularidades en las bases de datos de los usuarios de Saludcoop, con los cuales se habría ejecutado recursos injustificados al Estado.
Los investigadores encontraron 240 afiliados mayores de edad registrados en el sistema con tarjeta de identidad o registro civil, lo que originó un sobrepago por 70 mil millones de pesos.
También fueron detectados toda una serie de cambio de nombres y hasta de sexo, por lo que se habrían presentado cobros por más de 8.200 millones de pesos.
Igualmente, la Fiscalía estableció cobros irregulares por más de mil millones de pesos a través del empleo de cédulas sin vigencia, que aparentemente corresponderían a personas fallecidas.
