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Nueve personas fueron capturadas y judicializadas por ser parte de una red señalada de lavar recursos ilícitos y ocultar bienes avaluados en más de un billón de pesos del ‘Clan del Golfo’, en ocho municipios de Antioquia. Según la Fiscalía, mediante transacciones, al parecer, se alcanzaron a lavar más de 33.000 millones de pesos.
Los procesados son Miguel Ángel Úsuga Fernández, Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gómez Granada, Yuliany Andrea Úsuga David, Alejandra Naranjo Alarcón, Hernando Úsuga Graciano, Edwin Jahir Carmona Cifuentes y Andrés Felipe Clavijo Jiménez.El general Jorge Luis Vargas Valencia, director general de la Policía Nacional, manifestó que se trata de al menos 36 inmuebles y que uno de los capturados era el hombre de confianza de alias 'Nicolás'.
"Capturan a nueve personas, entre ellos Miguel Úsuga, conocido como 'compa', persona de confianza del extraditado alias Nicolás, segundo cabecilla en algún momento del 'Clan del Golfo' y persona de confianza de Otoniel", dijo el general Vargas.
A través de estas personas, habrían sido adquiridas propiedades en Medellín, Bello, Copacabana, Buriticá, Carepa, Turbo, Apartadó y Chigorodó (Antioquia). Se trata de 36 inmuebles, 8 sociedades, 6 establecimientos de comercio, 79 semovientes, 21 vehículos, más de $107’000.000 depositados en cuentas bancarias y cerca de $22’000.000 en efectivo encontrados en un establecimiento de comercio.
Ocho de los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Cinco en centro carcelario y tres en el lugar de residencia. De otra parte, Andrés Felipe Clavijo seguirá vinculado a la investigación. Durante las diligencias de allanamiento en las que se realizaron las capturas fueron incautados 1.154 millones de pesos en efectivo que estaban en una caleta. Este dinero va a ser puesto a disposición de un fiscal de extinción de dominio para adelantar los trámites pertinentes.
Sobre los bienes
Según reveló la Fiscalía, en la investigación se estableció que algunos de los bienes habrían pasado a manos de terceros para intentar evadir los filtros financieros y fiscales. Muchos de estos posibles testaferros tendrían incrementos patrimoniales injustificados.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades afectados con fines de extinción de dominio.
