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La Procuraduría General de la Nación expidió una nueva directiva que reitera a personerías, Procuradurías Regionales y Defensoría incluir declaraciones de víctimas del conflicto armado así sean extemporáneas a los hechos. En este sentido, el Ministerio Público ordenó que en estas circuntancias, dichas entidades deben valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos victimizantes.
El llamado también es para el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá cumplir dicho lineamiento e incluir a las víctimas colombianas domiciliadas en el exterior por medio de las embajadas. Para tal sentido, el órgano de control reiteró el personal calificado debe ser idóneo para estas labores y así evitar dilaciones en este proceso.
Dicho pronunciamiento del Ministerio Público se plasma en la nueva directiva, 012 de 2025; donde no solo establece estos lineamientos de obligatorio cumplimiento, sino se insta a garantizar el acceso a las medidas que establece la Ley 1448 de 2011, es decir, la lay que ampara a todas las víctimas del conflicto armado en el país.
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"La toma de declaración a víctimas del conflicto armado es una actividad permanente y obligatoria para el Ministerio Público, así como para las embajadas y consulados de Colombia": señaló el órgano de control.
La misma directiva plantea que, debe incluirse en el Registro Único de Víctimas, cualquier sector étnico, de género y discapacidad para evitar discriminación y las diferentes poblaciones. Además, se establece que las fallas tecnológicas no podrán convertirse en una excusa para negar la atención, ya que en estos casos se deberá diligenciar el Formato Único de Declaración (FUD) en físico.
Recordemos que, recientemente, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz advirtió al Gobierno Nacional que el Estado Colombiano hasta la fecha, no cuenta con los recursos suficientes para el proceso de reparación integral de la totalidad de las víctimas del conflicto armado en el país.
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Pese a que la ley 1448 tiene vigencia h asta 2031, la Defensora advirtió que hasta la fecha, se habrán reparado solo la cuarta parte de las víctimas en todo el territorio nacional. Es decir, 2'150.000 mil de ellas. Sin embargo, según cálculos de la Comisión que hace seguimiento a este proceso, se necesitarían alrededor de 101,1 billones de pesos a precios constantes de 2025 que hasta 2031 estén indemnizadas las totalidad de las víctimas.
