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El ex comisionado de Paz, Camilo Alberto Gómez, le pidió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) ser escuchado en calidad de testigo, con relación al secuestro de más de 400 miembros de la fuerza pública por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
A través de una carta, el actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dijo que mientras se desempeñó como comisionado de Paz del gobierno de Andrés Pastrana, tuvo que enfrentar los secuestros de decenas de uniformados en el marco del conflicto armado.
Indicó que "nuestros soldados y policías fueron secuestrados como parte de una política sistemática establecida por las Farc, cuyo único fin fue el de presionar políticamente al gobierno para acceder a sus peticiones".
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Agregó que estos secuestros fueron "uno de los más graves crímenes de lesa humanidad cometido de manera sistemática por este grupo guerrillero: el despiadado secuestro de más de 400 soldados y policías con fines de extorsión política".
Camilo Gómez aseguró que los miembros de la fuerza pública retenidos en muchos casos durante varios años fueron sometidos a situaciones extremas, por lo que insistió que el secretariado de las Farc debe responder por esos delitos. "Los soldados y policías fueron sometidos a infames e inhumanos vejámenes para quebrar su voluntad. El país entero vio en imágenes cómo los secuestrados vivían a la intemperie, en una especie de campos de concentración en medio de la selva, sufriendo no solo la tortura física sino también la psicológica; sin tener contacto con familiares y amigos", aseguró.
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En ese sentido, agregó que "por lo anterior, la responsabilidad penal de estos secuestros debe recaer sobre todos los miembros del antiguo Secretariado y sobre todos los comandantes y guerrilleros que tuvieron conocimiento, participaron o aprobaron la práctica de este delito que constituye un crimen de lesa humanidad".
Gómez señaló que el secuestro es un delito de lesa humanidad y no puede ser indultado, por lo que consideró que es importante escuchar su versión como testigo en el marco del proceso de verdad, justicia y reparación, tras la firma de los acuerdos de paz con las Farc, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
"Solicito se me conceda una audiencia para ampliar la narración que inicio en estas cortas páginas, pues se trata de hechos que fueron cometidos por las Farc antes del 1 de diciembre de 2016 y que se cometieron con ocasión del conflicto armado, hechos que viví directamente", manifestó.
Gómez agregó, en diálogo con RCN Radio, "que todos los colombianos se acuerdan de esas cárceles de alambres de púas en medio de la selva donde metían a los muchachos en condiciones infrahumanos, en medio del barro, sin poder ver sus familiares por años y bajo un tratamiento salvaje".
Gómez expresó que la JEP tiene la obligación de juzgar dichos delitos de lesa humanidad, tal como estipula en caso 001 que establece las penas para los secuestros, y dijo que "debe existir reparación a las víctimas, ante las acciones sistemáticas que llevaban a cabo los entonces guerrilleros para secuestrar a militares, que deben ser sancionadas penalmente".
Esta es la carta:
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