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La Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años de prisión a la exgobernadora del departamento de San Andrés y Providencia, Aury Socorro Guerrero, por delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.
La exgobernadora aceptó los cargos y también de haber recibido 400 millones de pesos, como apoyo para su campaña política, a cambio de adjudicar contratos a dedo. Según lo comprobado en la investigación, fueron nueve contratos que la exgobernadora entregó.
“Haberse concertado en el 2011 con algunos contratistas, entre ellos Carlos Hernán Moreno Fernando León y otros particulares para recibir un apoyo económico por valor de $400.000.000, a la campaña que la condujo a la gobernación del departamento, a cambio de adjudicarles contratos, y estos a su vez retornarle como contraprestación del 10 % del valor de cada contrato adjudicado”, dice la sentencia.
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Se logró comprobar que, aunque las adjudicaciones se hacían mediante el proceso de licitación pública o concurso de méritos, los pliegos de condiciones eran previamente elaborados entre la exgobernadora y los contratistas para garantizar, de este modo, el cumplimiento de los requisitos.
Para aparentar que los contratistas cumplían con todos los requisitos previamente elaborados, se presentaban como uniones temporales o consorcios de los que hacían parte las empresas y representantes legales con quienes la exgobernadora había pactado la entrega de los millones.
Entre los contratos que pusieron al descubierto esta red de corrupción, está la reconstrucción y ampliación de la institución educativa flowers Hill, la reconstrucción adecuación y mantenimiento a la institución educativa Instituto Bolivariano etapa uno.
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Así como contratos para la interventoría técnica financiera y administrativa de las obras físicas de reconstrucción ampliación y mantenimiento de la institución educativa Instituto Bolivariano etapa uno y la institución educativa Flowers Hill Bilingual School.
También la construcción, adecuación y mantenimiento edificios públicos de San Andrés Providencia y Santa Catalina, y la construcción y dotación de las sedes para el archivo general del departamento y el sistema integrado de emergencias y seguridad de San Andrés.
En la misma decisión, la Corte compulso copias a la Fiscalía para que abra una investigación penal, a fin de establecer presuntas irregularidades en los contratos, “es posible advertir la probabilidad de manipulación en los procesos contractuales con el fin de anticipar la selección del contratista (…) que investigue el valor real y el cumplimiento cabal de los objetos de cada uno de los mencionados contratos”.
